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Movimiento obrero, sindicalismo de clase y las tareas de la Izquierda Revolucionaria

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Por Mónica Maturana[1]

El movimiento obrero en Chile ha mostrado, desde sus inicios, ser la expresión de un dinámico e importante desarrollo en la lucha de clases local, continental y mundial. Desde las grandes huelgas generales (1890, 1907) que determinaron periodos álgidos de lucha, ligadas a aspectos ideológicos y reivindicativos, hasta la atomización actual derivada del Plan Laboral de 1979, consecuencia también, de la arremetida represiva por la que optó la Dictadura para desarticular al movimiento de masas y a las organizaciones revolucionarias, que impide la politización de los trabajadores en sus organizaciones históricas: los sindicatos.

El movimiento obrero estuvo marcado –hasta antes del plan laboral- por ejes programáticos que nutrían de contenido político las demandas de los trabajadores, ya que la lucha estaba determinada desde el punto de vista del trabajo, ya no se plantea la necesidad de solo mejoras laborales ni aumento  de salario, sino que además eran aspectos esenciales, el avance en demandas políticas de carácter clasista y revolucionario. Ergo, la materia prima del movimiento obrero estaba determinado por la ideología de clase, con un marcado acento anticapitalista (basta ver las declaraciones de principios de la FOCH en 1908 y la CUT de 1953) cuya fuerza política respondía a la construcción organizativa creada por los mismos intereses de la clase a través de los partidos políticos fundados principalmente por los trabajadores revolucionarios de la época (POS 1912, PC 1922, PS 1933).

El Plan Laboral. Politización objetiva y despolitización subjetiva de la clase obrera. Atomización de todas las formas de organización sindical.

El Plan Laboral sin duda es el precedente ideológico, la expresión más concreta de la apuesta de la burguesía en el movimiento obrero, redactado por José Piñera en 1979, éste tenía como principal objetivo mejorar las condiciones para que se mantenga una situación favorable hacia la burguesía a costa de la explotación de los trabajadores, despolitizándolos, que ya hasta esa fecha era lo suficientemente consistente políticamente, y con gran capacidad de convocatoria y cohesión entre los trabajadores.

Luego de la crisis económica de los años 60, el golpe de Estado y el posterior Plan Laboral, el movimiento obrero se va acentuando con ciertos matices: por un lado, las necesidades producidas por la crisis hizo inmovilizar a los trabajadores, por la gran tasa de cesantía, producto de los coletazos de la escasez mundial del petróleo, que se produjo en la época y el monopolio financiero de la clase dominante; por otro lado, la descomposición de los partidos políticos producto de las políticas terroristas de la Dictadura hicieron casi desaparecer el componente ideológico que dotaba de contenido político a los sindicatos, por último; el plan Laboral logra cambiar las relaciones laborales, esto porque las regula legalmente como un conflicto entre privados, sin mediar intervención del Estado, lo que en términos estratégicos para la Dictadura fue más que nada desligarse de todo tipo de “problemas” derivados de las grandes luchas sindicales que se convertían en demandas políticas de carácter nacional, dejando al arbitrio de la clase dominante el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los procesos de negociación colectiva.

En consecuencia, el Plan Laboral contaba con dos aspectos esenciales: primero, la politización objetiva,  el que dota de contenido organizativo a los sindicatos, reconociéndolos e incluso regulando su funcionamiento, pero sólo nominalmente, lo que se traduce en la pérdida del componente político e ideológico del mismo, y éste pasa a ser sólo un medio o instrumento meramente reivindicativo, fortaleciendo además la atomización de las fuerzas organizadas de los trabajadores. Segundo; por la despolitización subjetiva; que permite la desarticulación de los trabajadores en pos de una persona que controla los “intereses de la clase” sólo a meras reformas, lo que se traduce en que existe un dirigente que no tiene relación alguna con las demandas de la misma clase trabajadora, ya que éste mismo no posee una base movilizada –por el nulo proceso de construcción de poder organizativo de los trabajadores- y preocupada de entregar los contenidos políticos a las demandas, en consecuencia, es por tal razón, que se transforman en expresiones institucionalistas  de los procesos de lucha.

Estos fenómenos hicieron suscitar bastantes contradicciones por la creación del plan laboral y su aplicación concreta.

En términos jurídicos, en su génesis, el Derecho del Trabajo, no tiene por objetivo proteger a los trabajadores, sino contenerlos con una serie de normas que regulan todos los procedimientos en los cuales se llevarán a cabo sus peticiones, por un lado, despolitizando todo tipo de conflicto que abordara una demanda política que se pudiera generar dentro de la empresa, y por otro, limitándolo sólo a lo que determine la ley.

En Chile, la triada de derechos de corte laboral –derechos a huelga, negociación colectiva y libertad sindical- no se encuentran garantizados de manera amplia, sino que se limita sólo a los procesos establecidos en materias específicas y están explícitamente regulados, dejando de lado cualquier mecanismo de defensa de los trabajadores.

En términos concretos, se limita la negociación colectiva a personas y materias determinadas, a diferencia de la anterior, donde se negociaba por rama productiva, además ésta sólo puede tener lugar dentro de la empresa, cuestión que impide socializar las demandas, convirtiéndolas netamente en un conflicto entre particulares, en donde el Estado no tiene injerencia alguna. En consecuencia la negociación colectiva no es reconocida como un Derecho humano, sino que es establecida como un mero procedimiento (Artículo 303 del Código del Trabajo), dejando a la normativa la regulación expresa del modo, periodo y ámbito en que se desarrollará, facultando al empleador además determinar periodos no aptos para negociar colectivamente (60 días) y limitando las materias a negociar sólo a las remuneraciones y condiciones laborales, y dejando al arbitrio de la empresa hacer extensible algún tipo de beneficio que no respecte a los dos puntos anteriormente señalados.

En lo que respecta al derecho a huelga, la limitación sólo al interior de la empresa y a aquellos trabajadores cuya negociación sea reglada, contemplando además la libertad de los trabajadores a descolgarse de la misma y permitiendo el reemplazo de trabajadores desde el primer día de huelga, entrabando los procesos de movilización fuera de la empresa, impidiendo la movilización y cohesión del movimiento obrero, además de reprimir a los huelguistas, ya que su criminalización se establece en el artículo 6, letra c) de la Ley 12.927, cuya pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio para los “huelguistas o las paralizaciones ilegales”.

Por otro lado, la libertad sindical ha sido profundamente vulnerada en nuestro país, ya que Chile no ha respetado su vinculación con la OIT, y regulando en el Código del Trabajo la misma atomización que le resta fuerza a los sindicatos, estableciendo requisitos mínimos de constitución, desvirtuando la fuerza que entrega la unidad de los trabajadores en una misma organización sindical, prohibiendo además establecer cualquier tipo de vinculación con el poder político, ya sea con partidos o con cargos de elección popular (existe prohibición expresa de los dirigentes de un sindicato de presentarse a cargos de elección popular).

Realidades del trabajo en Chile

Si bien las remuneraciones en Chile aumentaron en un 4,7% el 2012 y se acumulan en un 8.5 desde el 2013, es menester analizar con mayor precaución los datos, puesto que ellas son solamente una apariencia de lo que realmente sucede con los trabajadores.

Si nos basamos en que dentro de los cimientos del sistema capitalista se encuentra la huelga de mercado y criminalizada (según lo que señalábamos en el acápite anterior), una negociación colectiva restringida producto de la multiplicidad de sindicatos y su despolitización, es preciso señalar que existe una tremenda fragmentación y debilitamiento de los trabajadores. De hecho, ya en el año 2012 existían más  de 10.585 organizaciones sindicales activas y 1894 asociaciones con un promedio de 89 afiliados en el sector privado y 107 en el público.

Actualmente la tasa de sindicalización en nuestro país es de un 14,6%, siendo un 7,8% perteneciente a algún tipo de empresa.

De ese total, sólo un 11% de los trabajadores está cubierto por un instrumento colectivo, ya sea convenio o contrato de negociación colectiva,  del que sólo el 8% garantiza el derecho a huelga.

En las grandes empresas, existe un 48% de trabajadores sindicalizados, cuya atomización se hace concreta por el multirut, el que impide crear sindicatos con una fuerte cantidad de trabajadores. Mientras que en las pequeñas empresas es de un 9,5%.

En Chile existen 3 elementos fundamentales para determinar la concentración de la riqueza. El primer elemento lo determina la alta desigualdad;  según el coeficiente Gini, ya el 2011 existía un 0,52%, mientras la cifra es más cercana al 0, mayor concentración, y por ende, mayor concentración de riqueza, lo que sitúa a Chile dentro de las tasas más altas del mundo. El segundo es, el bajo valor del trabajo, teniendo en cuenta que el 50% de la población trabajadora gana menos de 263.000 pesos brutos, ya el 2011 según la encuesta CASEN señala que los trabajadores de jornada completa y de grandes empresas ganan menos de 273.500 pesos. Producto de los bajos ingresos existen altos índices de endeudamiento, como histórica expresión del desarrollo del capital financiero y su combinación con el capital mercantil. El tercero es la precariedad laboral, existen 7,9 millones de ocupados, 5,5% de los asalariados, dentro de los cuales 4,7 millones pertenecen al sector privado, del que sólo el 55,9% cuenta con un empleo protegido. 846.000 pertenecen al sector público, 317.000 son trabajadoras de casa particular, 1.500 son trabajadores por cuenta propia y existen sólo 343.000 empleadores.

En consecuencia existe una tendencia hacia empleos tercerizados.

Del 2010 al 2013 ha aumentado la cifra de asalariados, de 11,5% a 17,2%, especialmente en el sector público (31,8% del empleo total) y la minería (59,8%).

En Chile existe un millón de asalariados que no cuentan con contrato escrito (17,9%), 682.000 que trabajan de jornada parcial voluntaria y existe un 10,7% de desempleo.

Al analizar las cifras nos podemos dar cuenta de la deslegitimación de las acciones políticas y colectivas en general, determinadas principalmente en la sindicalización y en la protección de los trabajadores por los medios colectivos (contrato o convenio), desdibujando el conflicto entre el  capital y el trabajo, ocultándolo en un modelo centrista que mide sólo el crecimiento, pero no las tasas de desigualdad ni mucho menos el alto nivel de endeudamiento que existe actualmente producto del bajo valor del trabajo.

Las tareas de la izquierda revolucionaria. Construir un sindicalismo clasista y combativo.

Si bien, entendemos que el sindicato es un es la forma organizativa de la clase obrera, éste per se no es de carácter revolucionario, sino que es un espacio que agrupa a  fuerzas organizativas en las cuales, las y los revolucionarios, nos posicionamos como una alternativa real al movimiento de masas.

De igual forma, es nuestro deber romper con los procesos de despolitización, propios del mismo orden burgués, y afrontarnos hacia la repolitización de las organizaciones sindicales, a modo de dotarlas de contenido teórico, que profundice la conciencia de clase para sí,  y así desarrollar el poder revolucionario de los trabajadores.

Es por tal motivo que, planteamos que no basta con una mera reforma al Código del Trabajo, especialmente si éste no va ligado de un proceso de construcción de un poder político capaz de ejercer una fuerza motriz en la conciencia del sujeto histórico. Entendemos que existe una necesidad pronta de derogar el Plan Laboral, pero con un proceso de movilización y lucha constante de los trabajadores, los que necesariamente deben ser partícipes de los procesos de transformación social.

Nos planteamos el desafío de forjar la unidad entre los trabajadores con una perspectiva clasista, es decir, preparados para conducir y dirigir un proceso hacia las premisas de sentar las bases programáticas, estratégicas y tácticas, a modo de crear una corriente política sindical de carácter combativa, con independencia de clase, que nos agrupe con un fin común: la revolución socialista. Además de articular una coordinación efectiva para aquellos trabajadores que se encuentran al margen de la ley, sindicalizando y organizándolos, como es el caso de los trabajadores del sector público, los subcontratados de la minería e industria forestal y los trabajadores portuarios eventuales, que corresponden a sectores productivos estratégicos.

Plataforma de lucha

  1. Fin del despido libre y estabilidad laboral. Es absolutamente necesario dotar de estabilidad a los trabajadores a modo de que sea realmente un derecho organizarse a través de sindicatos (libertad sindical).
  2. Fin de contratos de tiempo parcial (30 Hrs).
  3. Fin al Subcontrato
  4. Indemnización laboral por año de servicio, sin límite de años (actualmente es hasta 11 años de servicio)
  5. Fin al descuento en la indemnización, del aporte patronal para el seguro de cesantía y fin al aporte del 0.6% de los trabajadores.
  6. Protección penal de los Derechos Fundamentales de los trabajadores, ya sea los de corte netamente laboral (triada de Derechos Fundamentales: libertad sindical, huelga, negociación colectiva)
  7. Fin a la criminalización de las “huelgas o paralizaciones ilegales”
  8. Por una negociación colectiva libre, amplia e igualitaria para todos los trabajadores.
  9. Por el acceso universal de los Derechos Laborales, sin discriminación de sector productivo, funciones que desempeña, necesidad para el estado, orden público, etc.
  • Por el Derecho de los trabajadores de optar a cualquier tipo de cargo público.
  • Por la intervención del Estado en la relación laboral, y que ésta no sea vista como un conflicto de intereses entre privados.
  • Por la amplitud de las peticiones en el contrato o convenio colectivo, que además de las meramente reivindicativas como el salario y condiciones laborales, se puedan exigir demandas netamente políticas, como Fin a la AFP, Seguro Social, participación en Comité Paritario.
  • Fin a la atomización sindical, exigimos que sólo exista un sindicato por empresa que aglutine a todos los trabajadores.
  1. Que la cuota sindical sea a cargo del empleador, actualmente es pagada por el trabajador, pero descontada por el empleador.
  • Por una negociación colectiva dentro y fuera de la empresa, movilizaciones en la calle, y politización social del sindicalismo en Chile.
  • No al desafuero de los dirigentes sindicales.

Bibliografía

Durán, G., & Kremerman, M. (26 de Agosto de 2016). http://www.fundacionsol.cl. Obtenido de http://www.fundacionsol.cl: http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2015/06/Verdaderos-Salarios-2015.pdf

Fundación Sol. (26 de Agosto de 2016). http://www.fundacionsol.cl. Obtenido de http://www.fundacionsol.cl: http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2013/10/Manifiesto-por-un-Nuevo-Modelo-de-Relaciones-Laborales.pdf

Grez, S. (26 de Agosto de 2016). www.memoriachilena.cl. Obtenido de www.memoriachilena.cl : http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0043162.pdf

[1] Estudiante de Derecho, Universidad de Concepción

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