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LA ARTILLERIA COMO ESENCIA DE ESPAÑA

Nota: para Boro y Alfredo Ramos, y para todas las personas perseguidas por su praxis democrática.

Acorralado en el debate, el Cardenal Cisneros no tenía  respuestas convincentes a  los argumentos de un sector de la nobleza y de la burguesía castellana que se oponía en 1516 a que Carlos V de Alemania fuera proclamado rey porque buscaban soluciones justas a la aguda crisis sucesoria, así que el envejecido regente abrió una ventana mostrándoles la unidad de artillería desplegada en el patio: «Esto son mis poderes», les dijo. La razón de la fuerza contra la fuerza de la razón. Cinco años después aquella brutal amenaza fue materializada a cañonazos con la masacre de la revolución comunera en 1521.

El Cardenal Cisneros no descubría nada nuevo: la represión ha sido siempre el recurso último de los sistemas explotadores, mientras que Maquiavelo tampoco inventaba algo desconocido hasta entonces al decir que «Los suizos son muy libres porque tienen muchas armas».  Es un tópico periódicamente reactivado el criticar al marxismo diciendo que  carece de una «teoría del poder» –que no sólo del Estado-, porque, según se afirma con docta ignorancia y burda mala fe, olvida, descuida, ignora, etcétera, otras muchas formas de poder que no sean las que se basan en la violencia directa. No tiene sentido demostrar ahora lo insostenible de estos mantras que tanto ayudaron a desactivar la lucha de clases desde los ’70 con las obviedades faucaultianas de los micropoderes, por ejemplo, entre otras mercancías ideológicas. Solamente decimos que la teoría marxista del poder en el capitalismo gira sobre la dialéctica entre el fetichismo de la mercancía y las violencias, que son aplicadas en la medida en que el fetichismo va perdiendo eficacia integradora. Esta teoría ha sido vaciada de potencial revolucionario por la versión reformista del gramscismo con su engrudo insípido sobre el consenso y la coerción.

Maquiavelo y Cisneros escribieron en el momento en que la burguesía mercantil endurecía su lucha contra el feudalismo, cuando el valor de cambio y el dinero empezaban ya a disolver con su ácido inhumano las viejas relaciones sociales dominantes a la vez que mostraban ya los primeros indicios del fetichismo de la mercancía, proceso que sólo se desarrollaría en toda su destructividad con la revolución industrial de finales del siglo XVIII. Sin embargo, la mundialización del fetichismo no anula la valía de las tesis de ambos políticos, porque, en el caso de Cisneros, la represión vuelve a descubrirse como la esencia de España cuando pierden efectividad los medios de «consenso», o dicho con rigor marxista, cuando el fetichismo empieza a debilitarse y debe ser urgentemente ayudado por las violencias, o simplemente debe dejar el espacio a la artillería.

Maquiavelo es tan vigente como el belicoso cardenal pero justo por lo contrario, por la veracidad incuestionable de la otra parte de la unidad y lucha de contrarios ahora en el plano teórico: Catalunya y otras naciones oprimidas sólo han sido independientes de facto cuando han dispuesto de artillería propia, como los suizos, pasando a sufrir la opresión cuando fueron vencidas o rindieron sus armas al invasor. Lo mismo debemos decir con respecto a las clases trabajadoras explotadas por la burguesía: sólo mediante su lucha, sólo mediante lo que Rosa Luxemburgo definía en 1906 como la «violencia obrera» que es más poderosa y efectiva que el parlamentarismo, únicamente así el pueblo trabajador puede conquistar y defender su libertad. Parafraseando a Sendoa Jurado: la paz se pierde, de recupera y se defiende «a hostias».

Por lo tanto no debe sorprender que recurramos a la teoría marxista del poder, a sus primeros adelantos parciales presentes en Cisneros y Maquiavelo, por citar algunos casos, y a la brillantez sintética de Rosa y Sendoa, para comprender la lógica interna que conecta el posible destino de compañero Boro y la cárcel para Alfredo Ramos, con los juicios pendientes, con el de los compañeros del grupo  musical Insurgentes, los gaztes de Altsasu, las cuarenta y ocho  personas llevadas a juicio por su solidaridad con prisioneras y prisioneros vascos y los varios juicios pendientes contra independentistas, la persecución de luchadoras y luchadores andaluces, los cientos de personas golpeadas por la ley Mordaza, las decenas de sindicalistas que están en el filo de juicios y de expulsiones de sus empleos por defender derechos elementales porque la artillería legal ya triangula su tiro contra el derecho de huelga, la aplicación del 155 contra Catalunya y las amenazas de aplicarlo de nuevo no sólo si el independentismo vuelve a ganar las elecciones catalanas sino también contra Euskal Herria y Castilla-La Mancha…

Como venimos insistiendo, la coherencia interna de estas represiones no es otra que la necesidad burguesa de asegurar el orden explotador en el marco de acumulación de capital que es España. Sin mayores precisiones ahora, el Estado contuvo el malestar creciente que estalló parcialmente en las famosas «mareas» y en el 15-M de 2011 gracias a los bomberos de Podemos y de otros reformismos político-sindicales, entre otras razones. Pero las diversas subcrisis que confluyen en la estructural que mina las bases de España y que el Cardenal Cisneros quiso resolver a cañonazos, siguieron agudizándose confirmando la dialéctica del desarrollo desigual y combinado. En esta diferencia de ritmos e intensidades, la lucha nacional catalana surgió como una de las expresiones fundamentales de la crisis sistémica de España porque justo en esos años la izquierda abertzale se descompuso por el volantazo brusco dado por una parte de su dirección.

En Catalunya la burguesía siempre había combatido las reivindicaciones nacionales de forma bastante disimulada gracias al colaboracionismo de los gobiernos autonómicos,  pero empezó a oponerse frontalmente a ellos desde el momento en que vio que podían radicalizarse hacia el núcleo de su poder: la propiedad privada. Otra vez más, la caldera subterránea de las contradicciones del sistema llegó a niveles de presión que encendieron todas las alarmas y desbordaron las válvulas de seguridad. El traslado de sedes sociales y fiscales de muchas grandes empresas desde Catalunya a España es una de las armas terroristas más efectivas del capital, pero tiene muchas más, sobre todo la última, la artillería española. Por ahora la patronal ha pedido a la justicia española que ilegalice el ejercicio del derecho de huelga nacional catalana convocado para este 8 de noviembre, y ayer se supo que ya está activada la querella para ilegalizar a la CUP. Para comprender el calado profundo de la estrategia represiva de la burguesía en Catalunya debemos analizar su unidad de intereses esenciales con el capitalismo español del que forma parte insustituible.

En otro texto anterior –La crisis de España y la Constitución de Antequera de 1883. La independencia de Andalucía como acto revolucionario- hacíamos referencia al último informe del club de explotadores, la CEOE, que reconocía un aumento espectacular de las resistencias, paros y huelgas obreras desde comienzos de 2017 y sobre todo desde este verano. El empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, la destrucción de derechos sociales y de libertades, la intensificación de la opresión nacional, el envalentonamiento del terrorismo patriarcal, semejante involución acompañada del resurgir del fascismo cotidiano también impulsa la autoorganización obrera y popular, aunque a paso lento por ahora a causa de la debilidad de la izquierda revolucionaria.

Los más recientes datos del CIS muestran que el 41% de la población del Estado tiene dificultades económicas para llegar a final del mes, que el 35,4% ahorra poco al mes, que el 12,3% tiene que recurrir a sus ahorros para llegar a final de mes. Otro informe del INE dice que el 58% de la población se endeuda para llegar a final de mes, mientras que sólo el 40% puede ahorrar algo al año. En Madrid, la compra de un piso se come los primeros seis años y medio de sueldo, 78 sueldos íntegros mensuales, lo que explica muchas de las dificultades cotidianas teniendo en cuenta que están descendiendo las pensiones de las personas jubiladas cuya aportación a la economía familiar es cada vez más importante. El panorama es tanto más inquietante cuanto que un estudio del BBVA que llega hasta 2013 muestra que la mal llamada «clase media» -asalariados con sueldo alto y otras prebendas, lo que les hacía creer que ya habían «ascendido socialmente»- se ha contraído en alrededor de 3 millones de personas desde el comienzos de la crisis por las duras reducciones salariales directas e indirectas, en servicios sociales, salarios diferidos, etc.

Por si fuera poco, el FMI ha advertido que los puestos de trabajo creados en los últimos tiempos «son de mala calidad», es decir, precarios, inciertos, con muy poca o con nula productividad del trabajo. Por ejemplo, la precariedad laboral ha subido cuatro puntos desde 2013, un punto al año, siendo ahora del 27,38% según estadísticas oficiales, lo que significa que, además de otras razones que sería largo enumerar, ha aumentado la debilidad del capitalismo español para hacer frente a una agudización de la crisis, y ello a pesar de que entre 1970 y 2014 los pueblos trabajadores del Estado han perdido nada menos que 15 puntos del PIB en lo que se llama «el reparto de la tarta» que han ido a manos de la burguesía.

Son estas tendencias fuertes las que hacen que el Cardenal Cisneros, el general Franco y el rey Felipe VI enseñen su artillería en los momentos críticos, como en 1516, 1936 y 2017, por citar algunas fechas. Nos encontramos ante la esencia de España: la razón de la fuerza contra la fuerza de la razón. La artillería material e ideológica se justifica así misma con el nacionalismo imperialista español que, en realidad oculta el egoísmo de la burguesía: El último informe de Oxfam Intermón descubre que entre 2015 y 2016, o sea en un año,  las fugas de capital español a los paraísos fiscales se han multiplicado por cuatro. Peor aún, la gran permisibilidad fiscal permite que desde 2007 Hacienda haya dejado de ingresar no menos de 27.000 millones de €, una cantidad muy necesaria para recuperar el salario indirecto y público ya que con sólo 12.000 millones de € se cubrirían las rentas mínimas para todas las familias sin ingresos.

Pues bien, el terrible aumento de las personas encarceladas por su militancia política y democrática y sobre todo el incremento espectacular de la «lista de espera», no es sino otra forma de actuar de la artillería, forma que puede endurecerse si prestamos atención a las reiteradas declaraciones de la Ministra de Defensa.

IÑAKI  GIL DE SAN VICENTE

EUSKAL HERRIA  5 de noviembre de 2017

 

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